Situación de la discapacidad en el PND

32 impactos

Personas con discapacidad visual en grupo
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El documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, fue elaborado por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación y construido desde los territorios, con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo, es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, y se incorporó a la Ley 1955 de 2019 actual Plan Nacional de Desarrollo, como un anexo.

Como es sabido, el Plan Nacional de Desarrollo se denomina “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que contiene pactos transversales y el número trece es el “Pacto por la Inclusión de todas las Personas con Discapacidad”, que en las bases del plan tiene el diagnóstico que aquí transcribimos.

La exclusión social y productiva de las personas con discapacidad constituye un reto de política social, en cuanto existen limitaciones acumuladas y emergentes asociadas con debilidades institucionales y condiciones particulares de la población, que pueden agruparse en seis dificultades:

La primer dificultad es la relacionada con los problemas asociados con la institucionalidad y la política pública; la segunda es la necesidad de fortalecer la inclusión social, en particular lo referido a educación inclusiva; la tercera se refiere a las barreras que restringen la inclusión productiva; la cuarta hace alusión a las dificultades relacionadas con la accesibilidad y ajustes razonables; la quinta sobre restricciones para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad y el acceso a la justicia; y la sexta dificultad se relaciona al apoyo y cuidado para la promoción de la vida independiente.

  1. Dificultades en la información y política pública de discapacidad

Si bien el país cuenta con una institucionalidad y política pública para asumir los retos de la población con discapacidad, al existir un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones para poner en marcha los principios generales de la discapacidad, conocido como Sistema Nacional de Discapacidad y Documentos de Política Social, como el Conpes 80 de 2004 y el Conpes 166 de 2013, persisten barreras para la implementación efectiva de la política y para la gestión intersectorial y la toma de decisiones, que van desde la ausente o deficiente información sobre la situación de la población con discapacidad, la falta de comprensión de las condiciones y situaciones que determinan su vida, hasta la débil adecuación y articulación de la oferta institucional para su atención.

  1. Deficiencia en la Información de Personas con Discapacidad

En cuanto a las debilidades de información, en primer lugar, se presentan las limitaciones en la identificación de las personas con discapacidad. De acuerdo con el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE de 2005, se estima que existen 2.624.898 personas con discapacidad, equivalente al 6,3% del total de la población, mientras que el Registro de Localización y Caracterización del Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta solo con 1.418.065 personas, con corte a septiembre de 2018.

Esta asimetría en las estadísticas de personas con discapacidad, que tiene origen en las diferencias de definición e identificación de la discapacidad, así como en la calidad de los registros administrativos, ha derivado en dificultades en la pertinencia y respuesta oportuna del Estado a las necesidades de la población con discapacidad, dada la falta de información actualizada, consistente y confiable.

  1. Dificultades para la implementación de políticas públicas

En segundo lugar, la ausencia de información y seguimiento ha llevado al desconocimiento de los resultados o impactos de las acciones de política dirigidas a la población con discapacidad en los últimos cinco años. Si bien el Registro de Localización y Caracterización es la herramienta más detallada sobre las personas con discapacidad, su cobertura aún es limitada, y al ser un registro estático, no permite realizar seguimiento a las personas con discapacidad en el tiempo.

Teniendo en cuenta los resultados del censo de población realizado durante el 2018, es necesario revisar la actual Política Pública de Discapacidad con base en los nuevos datos sobre las personas con discapacidad y realizar los ajustes que se estimen pertinentes para su articulación con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los distintos planes sectoriales.

La oferta institucional se caracteriza por la dispersión y variabilidad en la cobertura, alcance y organización de los programas para esta población, brindados en el marco de otros sistemas e instancias intersectoriales, como el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia, en los que se combinan diferentes estrategias para la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras, de manera desarticulada del Sistema Nacional de Discapacidad, lo que genera posibles inequidades, ineficiencias en la asignación de los recursos y duplicidad de esfuerzos.

2. Necesidad de fortalecer la inclusión social y la educación inclusiva  

Los esfuerzos encaminados a reconocer los derechos de la población con discapacidad, específicamente la Ley 1618 de 2013, han dado importantes pasos hacia su inclusión social; sin embargo, a partir del análisis de clases sociales realizado con información de la Encuesta de Calidad de Vida 2016, el 70% de las personas que manifiestan tener una o más limitaciones de carácter permanente estarían ubicadas en las clases pobre y vulnerable.

De forma consistente, al observar la clasificación de la población con discapacidad de acuerdo con el puntaje Sisbén estimado  por  la  Encuesta de Calidad de Vida 2016,  se  encuentra  que  el  66,8%  están  por  debajo  de  un puntaje de 50; lo cual indica que la mayoría de esta población cuenta con las condiciones socioeconómicas de mayor vulnerabilidad. 

Según el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 2018, en relación con el acceso a los servicios educativos, de cada 100 personas con discapacidad mayores  de  24  años,  42  tenían  como  último  nivel  aprobado  la  primaria;  20  la secundaria, y 31 no habían alcanzado ningún nivel educativo; mientras que 32 refirieron no saber leer ni escribir.

Del grupo de personas con discapacidad entre los 5 y 24 años, el 56% señaló que asistía a alguna institución educativa al momento del registro, mientras que el 41% refirió estar desescolarizado. De las personas desescolarizadas, el 65% planteó que la razón principal por la que no estudiaban era su discapacidad.

Respecto al acceso de las personas con discapacidad a los servicios educativos estatales, según datos del Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media, que administra el Ministerio de Educación Nacional, para julio de 2018 se tenían registrados 185.529 estudiantes con discapacidad en todo el país.

Con la expedición del Decreto 1421 de 2017, se busca la implementación de un modelo de educación inclusiva para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios educativos, en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media, e instituciones que ofrezcan educación de adultos, ya sean de carácter público o privado. Sin  embargo,  entre  las dificultades  encontradas  por el Ministerio de Educación que  restringen  el  acceso  y  permanencia  se destacan  las  que  tienen  que  ver  con  la  falta  de  formación  de  maestros  y  personal  de apoyo  para  el  adecuado  acompañamiento  de  las personas con discapacidad, la  carencia de herramientas tecnológicas para  personas con discapacidad,  la  prioridad  en  los  aspectos  médicos  y  no  en  los  educativos  y pedagógicos, el uso de aulas segregadas y especializadas, falta de soporte para realizar los ajustes razonables, el déficit de personal docente y de apoyo.

Toda esta situación presenta como consecuencia el rechazo de la matrícula de los niños con discapacidad, el ingreso tardío al sistema educativo, la alta repitencia y la rápida deserción.

 

  1. Barreras que restringen la inclusión productiva

 

En  cuanto  a  la  empleabilidad,  encontramos 167.729  personas  inscritas  en  el  Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 2018, que refieren estar trabajando, de las cuales el 80% indica no tener ningún tipo de contrato, mientras que un 11% señala tener un contrato a término indefinido y un 7% referencia contar con un contrato a término fijo.  Por otro lado, 57.639 personas expresan que se encuentran buscando un trabajo.  Todo  ello hace  evidente  el  bajo  nivel  de  formalidad  y  la  precariedad  de  la vinculación laboral de las personas con discapacidad.

De otro lado, según la información estadística de la población con  discapacidad registrada en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, a septiembre de 2018 se encontraban  registrados  2.748  buscadores  de  empleo,  de  los  cuales  1.748 que corresponden al 63,6% son hombres y 1.000 que corresponden al 36,4% son mujeres. Los datos del mismo sistema de información revelan que la mayoría de los buscadores de empleo 1.138 personas son menores de 28 años equivalente al 42%, mientras que los mayores de 45 años llegan a 577 es decir 21,3%. Según el citado registro, el mayor número de personas con discapacidad que se encuentran como buscadores de empleo están ubicadas en  el  Distrito  Capital  y  en  los  departamentos  de  Antioquia,  Atlántico,  Cundinamarca  y Valle del Cauca.

Al comparar con las cifras del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, según las cuales 57.639 personas con discapacidad se encuentran  buscando  trabajo,  se  identifica  un  nivel  relativamente  bajo  de  inscritos  como buscadores  de  empleo  en el  Servicio Público de Empleo,  que  informa  de 2.748  personas. 

Esta  situación  demanda especial atención, en el sentido de identificar las razones por las cuales se presenta el bajo número  de  buscadores  de  empleo  y  la  adopción  de  una  estrategia  para  lograr una  mayor cobertura de este sistema.

Es importante señalar que en el proceso de reglamentación de la Ley 1618 de 2013 se ha expedido un marco normativo que promueve la vinculación de las personas con discapacidad al empleo público, al establecer un mecanismo de cuotas, con el Decreto 2011 de 2017.  Adicionalmente,  se  han  adoptado  incentivos  en  los procesos  contractuales  con  las  entidades  estatales  para  las  empresas  que  certifiquen  la vinculación  de  personas con discapacidad.  No obstante, se requiere adelantar acciones para fortalecer la implementación de estas medidas, para que se reflejen en la vinculación laboral de las personas con discapacidad a escalas nacional y territorial.

De  acuerdo  con  el  Sistema  de  Información  y  Gestión  del  Empleo  Público, que administra el Departamento Administrativo  de  la  Función Pública, en  la  actualidad existen 1.913 servidores públicos con discapacidad, lo que equivale a un 0,16% del total de los trabajadores estatales. Sin embargo, se estima que con la implementación de las cuotas previstas por el Decreto 2011 de 2017 se podrían estar vinculando al sector público aproximadamente 12.000 personas con discapacidad al 2022.

Si  bien  el  Ministerio  del  Trabajo  y  el  Departamento  Administrativo  de  la  Función Pública, expidieron la circular conjunta No.100-05 orientada a la implementación del Decreto 2011 de 2017, con la finalidad de promover la vinculación de personas con discapacidad al servicio público, se requiere la adopción de medidas de acompañamiento y seguimiento a las entidades públicas para el cumplimiento de las cuotas de empleo que establece el mencionado decreto.

Los bajos niveles de empleabilidad de la población con discapacidad obedecen a barreras que restringen su inclusión laboral, estas barreras están relacionadas principalmente con insuficiencia en la educación básica y media, oferta no pertinente sobre la educación orientada al trabajo, deficiencia en la intermediación laboral, carencia de información y acompañamiento para el contacto con las empresas y la inserción al mercado laboral.

Estos bajos niveles de empleabilidad, sumado a barreras por deficiencia en preparación educativa, la falta de conocimiento del empleador en términos de  empresa  privada,  sobre  la  implementación  de  los  ajustes  razonables,  las ventajas  tributarias  que  tienen  al  contratar  a  personas con discapacidad y  el  temor  por  desconocimiento  de derechos y deberes en contratación de personas con discapacidad, incrementan las barreras de empleabilidad en esta población.

La no vinculación de la población con discapacidad al mercado laboral le estaría generando pérdidas al país que van entre el 5,3 y el 6,9% de su producto interno bruto.

En cuanto a la información del emprendimiento de las personas con discapacidad, se aprecia la carencia de información al respecto, razón por la cual se considera necesario adoptar un instrumento que permita la recolección de los registros sobre esta población, con fines de inclusión productiva.

  1. Barreras relacionadas con la accesibilidad

Las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras encuentran a diario barreras actitudinales, comunicativas, físicas y tecnológicas, que restringen su acceso al entorno  físico,  al  transporte,  a  la  información y  a  las  comunicaciones,  incluidos  los sistemas  y  las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones,  que  limitan  su inclusión social y productiva.

De acuerdo con la situación social de las personas con discapacidad, en 2018, las mayores barreras para la movilidad se encontraban en las calles 46% y en los vehículos públicos 34%. También se encuentran barreras en los andenes 29%, parques 25%, centros de salud 17%, lugar de trabajo 17% y centros educativos 14%.

Es importante fortalecer las acciones del Estado para que las instalaciones físicas y la oferta de servicios de las entidades públicas y espacios públicos sean accesibles, tanto en  infraestructura,  equipos  y  herramientas,  como  en  contenidos,  y  en  la  atención al ciudadano, considerando los diferentes tipos de discapacidad.

  1. Acceso a la justicia

Desde lo institucional persisten retos relacionados con la supresión de las barreras que restringen el acceso a la justicia y el reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad, con posibilidades de tomar sus propias decisiones, siempre y cuando cuenten con los debidos apoyos y ajustes razonables, que deben de ser implementados en todas las entidades que suministren acceso al público.

Lo anterior se evidencia en el desconocimiento de sus necesidades jurídicas; la existencia de normatividad que usa lenguaje peyorativo en contra de sus derechos y dignidad; la falta de conocimiento por parte de los funcionarios judiciales de la manera de interactuar con esta población, y la falta de programas de apoyo y ajustes razonables para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

Según un estudio basado en la encuesta de necesidades jurídicas, las personas con discapacidad tienen mayor número relativo de conflictos que la población en general, los conflictos con mayor frecuencia son la discriminación y el hábitat urbano. Este último se encuentra relacionado con problemas básicos de accesibilidad. Así mismo, el estudio señala que las dimensiones en que las personas con discapacidad tienen mayores necesidades jurídicas son las de acceso a la salud, familia, laboral, acceso a la educación, accesibilidad y victimización criminal.

  1. Apoyo y cuidado para la vida independiente

En  Colombia,  el  19,8%  de  las  personas  con  discapacidad  informa  cuatro  o  más deficiencias, lo que se asocia con mayor necesidad de apoyo de un tercero para realizar las  tareas  diarias.  Como  efecto,  las  cifras  indican  que  el  37,7%  de  la  población  con discapacidad  inscrita  en  el  Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad depende permanentemente  de  una  persona cuidadora;  esta  generalmente  es  mujer  75,1%, del  mismo  hogar  83,7% y sin remuneración, cifras que coinciden con análisis internacionales relacionados también con la economía del cuidado.

En conclusión en las bases del actual Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, encontramos este diagnóstico de la discapacidad en el país, por lo que se incluyó en el artículo 3, el “Pacto por la Inclusión de Todas las Personas con Discapacidad”, para resolver las dificultades de esta población.

 

Fotografía,Carlos Parra Dussan

Autor:
Carlos Parra Dussan
Director General
Instituto Nacional para Ciegos - INCI

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