La protección a las ayudas vivas en Colombia

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Fotografía Andrés Mauricio
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En el año 2007, a raíz de un accidente, quedé ciego; pero desde el año 2008 cuento con un perro guía como mi opción de movilidad.

A pesar de que en la actualidad ya su uso está muy difundido y las personas tienen conocimiento acerca de su trabajo, aun se siguen viviendo situaciones de obstaculización de derechos al movilizarme con mi ayuda viva, por lo que hago este artículo jurídico para que sirva de guía para las personas con discapacidad visual que utilizan perros de asistencia.

Es de resaltar que en las leyes colombianas existe un esquema de protección a las personas con discapacidad (PCD) que cuenten con esta alternativa para mantener un mayor nivel de autonomía e independencia. Este grupo importante de normas que permiten el libre acceso de los perros guías a las edificaciones y al servicio público de transporte son las siguientes:

En el artículo 87 de la ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, está la prohibición de llevar mascotas u objetos que no permitan el libre movimiento de las personas en el transporte público colectivo, pero en su inciso final establecía la excepción a los perros guías, por lo que en este tipo de transporte ya estaba permitido el libre acceso con esta opción de movilidad.

Es de aclarar que la honorable Corte Constitucional, mediante sentencia C 349 de 2011, también permitió el ingreso de mascotas a esta modalidad de transporte, con las medidas de seguridad necesarias para el bienestar de la mascota y de los demás usuarios.
Posteriormente, en el decreto 1660 de 2003, del Ministerio de Transporte, artículos 30 y subsiguientes, se establece la prohibición de negar el servicio en el transporte público, masivo, individual, fluvial o aéreo a las personas que se movilizan con una ayuda viva, imponiendo la obligación de mantener estos ejemplares identificados y con los requisitos sanitarios y fitosanitarios vigentes; esta norma contiene una sanción que oscila entre diez (10) y doscientos (200) salarios mínimos legales diarios vigentes a la empresa que se niegue a prestar este servicio a las PCD.

Del mismo modo, el decreto 1538 de 2005, expedido por el Ministerio de Medioambiente, en su artículo 9 literal A numeral 1, prohibía que se negase el acceso a cualquier establecimiento público o de uso público a las PCD que se movilizaran con su perro guía. Esta norma no contemplaba sanción hasta la expedición de la ley 1287 de 2009, la cual establece una multa que va desde cincuenta (50) y hasta doscientos (200) salarios mínimos legales diarios vigentes en su artículo 6.
 

Como es evidente, era difícil imponer la sanción correspondiente, ya que las empresas o entidades se excusaban, manifestando que la barrera era impuesta por el personal, no por ellos. Y el personal manifestaba que era la empresa o entidad la que en su reglamentación no permitía el ingreso de la ayuda animal para las PCD.

Esta dicotomía fue zanjada con la expedición de la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual, en su artículo 117, instituye que la tenencia de animales domésticos o mascotas estará sujeta a la “reglamentación de los lugares públicos, abiertos al público o edificaciones publicas….”; pero aclara en su parágrafo 1 que “siempre se permitirá la presencia de ejemplares caninos que, como guías, acompañen a su propietario o tenedor.”

De esta forma, en su artículo 124, numeral 2, impone la prohibición de impedir el acceso de dichas ayudas a “sistemas de transporte masivo, colectivo o individual o en edificaciones públicas o privadas”, conteniendo una sanción en su parágrafo 2 de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes a la persona que obstaculice este derecho.

Para finalizar, es de resaltar que según la normatividad colombiana, el impedir u obstruir el pleno ejercicio de los derechos de las personas en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual y discapacidad es una discriminación, la cual esta sancionada según la ley 1752 de 2015, que modificó los artículos 134 A y subsiguientes del código penal, con “prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Del examen anterior se advierte que en la normatividad colombiana existen diversas sanciones a quien impida el ingreso de perros guía o ayudas vivas a cualquier instalación pública o privada, así como al servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades. Adicionalmente, esta obstrucción podría constituir una discriminación y esta se encuentra sancionada con prisión en Colombia, por lo que debemos reconocer las diferencias humanas y permitir el libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Por: Andrés Mauricio Vásquez Pérez
Usuario de perro guía

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