La discapacidad y las cuotas laborales

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Persona con discapacidad visual leyendo una publicación en braille
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En esta editorial de INCIDigital, quiero resaltar que el Gobierno viene estudiando la posibilidad de presentar una ley de cuotas laborales para personas con discapacidad en el empleo público, por esto desde el Instituto Nacional para Ciegos - INCI, hemos argumentado a favor de este proyecto, con el fin de garantizar un empleo digno para la población con discapacidad.

Al introducir una política de acción afirmativa en el empleo público para las personas con discapacidad, el Estado tiene que justificarla ante la opinión pública. Los argumentos que aduzcan dependerán principalmente del contexto social de la discapacidad y su situación socioeconómica.

A continuación se examinan algunos de los motivos más frecuentes de una cuota de discapacidad para el empleo público:

  1. Reparar injusticias históricas

    El propósito es compensar por discriminaciones intencionales o específicas del pasado con la población con discapacidad, cuyas repercusiones todavía se sientan.  Algunos grupos desfavorecidos han sido discriminados por mucho tiempo de modo que sus descendientes están en una situación de desfavor a causa, por ejemplo, de una educación o formación deficientes.

    En los Estados Unidos se utilizaba y se sigue utilizando esta justificación principalmente en apoyo de las políticas públicas para "superar los efectos en el presente de antiguas prácticas de discriminación racial" contra norteamericanos descendientes de africanos. 

    Los programas estadounidenses de acción afirmativa tuvieron su origen en la Orden Ejecutiva 10925 dictada por el Presidente John F. Kennedy en 1961 y en la Orden Ejecutiva 11426 dictada por el Presidente Lyndon Johnson en 1965. 

    Así, la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos sostuvo: “La acción afirmativa encierra toda medida que vaya más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar por discriminaciones pasadas o presentes o para impedir que ocurran en lo sucesivo". 
     

  2. Reparar la discriminación social estructural

    La persistencia de disparidades en la educación y la condición social, económica o de otra índole indica que el reconocimiento de la igualdad de todos ante la ley establece una igualdad formal que no basta para afrontar como es debido prácticas sociales que dan lugar a la discriminación estructural de la población con discapacidad. 

    La noción de discriminación estructural encierra todo tipo de medidas, procedimientos, acciones o disposiciones legales que en un primer momento son neutros con respecto a la discapacidad y otros aspectos, pero que sin una justificación objetiva tienen consecuencias adversas desproporcionadas para los grupos desfavorecidos. 

    Esta forma de discriminación puede ocurrir de dos maneras: Se pueden ocultar deliberadamente las verdaderas intenciones detrás de criterios objetivos o se puede proceder perfectamente de buena fe al exigir ciertas aptitudes para el empleo. 

    No obstante, ambas prácticas dan lugar a una discriminación indirecta o encubierta.  Por ejemplo, la exigencia de una altura mínima puede ser una desventaja desproporcionada para las mujeres y puede ser un requisito de empleo injustificable si no tiene una necesidad objetiva de ella, como pueden serlo las pruebas de aptitud física o las pruebas escritas.  No siempre es fácil detectar esa discriminación a primera vista.  El concepto tradicional del principio de no discriminación se basa en un criterio neutro, que es el de la igualdad de hecho, y sólo apunta a remediar la discriminación expresa o directa.
     

  3. Crear diversidad o una representación proporcional de la discapacidad

    Otro argumento para la acción afirmativa como es la ley de cuotas laborales para la discapacidad, es la presencia de una diversidad de discapacidad en los centros de enseñanza y en el lugar de trabajo es un componente necesario de toda sociedad justa. 

    En realidad, se sostiene que un entorno diverso desde la discapacidad es un fiel asunto de la sociedad en general y promueve un sentido de comunidad más representativo y más rico.  Les parece que la diversidad positiva es una mejor manera de conseguir una justicia compensatoria para las minorías y grupos diferenciados como lo es la discapacidad.
     

  4. Utilidad social

    La acción afirmativa de una ley de cuotas laborales en el empleo para las personas con discapacidad podría resultar en mejores servicios para este colectivo, ya que los profesionales con discapacidad entienden y conocen mejor los problemas de estos grupos. 

    Por otro lado, cuando ocupen puestos de poder e influencia personas con discapacidad, se podrá comprender y proteger mejor los intereses de esta población; pues una representación justa y visible de las personas con discapacidad en diversas esferas como el empleo o la educación permitiría una acción social y política más eficaz.

    El incremento de la participación de personas con discapacidad en el trabajo y distintos medios sociales acabará con los estereotipos y prejuicios que siguen arraigados en la sociedad.
     

  5. Evitar la reclamación  social

    No se puede desconocer que se están utilizando cuotas laborales para la discapacidad desde los programas especiales para zonas desfavorecidas y los programas de preferencia de género de la Unión Europea hasta la ley de cuotas de mujeres en Colombia, para promover los intereses de los más rezagados y para superar las desigualdades internas de poder económico y político con el propósito de prevenir la agitación social.
     

  6. Mayor eficiencia del sistema socioeconómico

    Algunos economistas afirman que la eliminación de la discriminación laboral contra las personas con discapacidad, contribuirá a la eficiencia y la justicia del sistema socioeconómico. 

    Se puede obtener el mayor provecho del mercado laboral si se corrigen las imperfecciones actuales debidas a los prejuicios irracionales para vincular a personas con discapacidad, otorgando una cuota en el empleo público, activando esta fuerza laboral que se revertirá en la economía misma.  
     

  7. Un medio de construir la nación

    En los albores de un nuevo Estado, se intenta crear una sociedad más igualitaria y una nacionalidad común para fortalecer su soberanía, por esto es muy importante la participación de las personas con discapacidad en el empleo público para contribuir a la construcción de esta Colombia. 
     

  8. Igualdad de oportunidades en relación con la igualdad de resultados

    Está claro que el objetivo principal de la acción afirmativa es establecer una sociedad más igualitaria.  Sin embargo, existen muchos ideales de igualdad a veces contradictorios y conflictivos.  La propia igualdad es esencialmente una categoría no determinada que suele adquirir el significado que le dan los responsables de las políticas.

    Dos ideales de igualdad que son especialmente pertinentes para la acción afirmativa son la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados,  pero la elección de un ideal determinará también qué programas de acción afirmativa se consideran convenientes o adecuados, y qué visión de la justicia social quiere llevar a la práctica la sociedad.

    El ideal de la igualdad de oportunidades es consecuente con el planteamiento de que el objetivo de la legislación contra la discriminación, es garantizar la reducción de la discriminación, eliminando o depurando los procesos de decisión de las consideraciones ilegítimas relacionadas con la discapacidad que perjudican a las personas;  No se ocupa del resultado, excepto como indicador de un proceso defectuoso. 

    Mientras que según el criterio de la igualdad de oportunidad los talentos y las capacidades no están distribuidos de manera uniforme entre la humanidad, según el de la igualdad de resultados, las capacidades y los talentos están distribuidos uniformemente.  Hombres, mujeres, blancos y minorías étnicas tengan o no discapacidad, tienen en promedio los mismos talentos y capacidades. 

    Así pues, la puesta en práctica del ideal de la igualdad de oportunidades debería dar lugar a la igualdad de resultados, en el sentido de que las personas con discapacidad estarían representados en puestos de influencia y poder proporcionalmente a su número total en la sociedad. 
     

  9. Personas en situación de debilidad manifiesta

    La propia Constitución de 1991 establece que las personas con discapacidad tienen debilidad manifiesta, por esta razón se consideran grupos de especial protección constitucional, pudiéndose aprobar acciones afirmativas en favor de ellos, como sería una cuota laboral de discapacidad en el empleo público.
     

  10. Estado Social de Derecho y discapacidad

    La Corte Constitucional, ha dicho que la cláusula de Estado Social de Derecho no es meramente retórica, pues en realidad debe compensar las desigualdades sociales de los más desaventajados como las personas con discapacidad, por lo que esta fórmula de nuestro Estado de derecho con énfasis en lo social si puede permitir una ley de cuotas laborales para la discapacidad.

    En conclusión esperamos que el Estado colombiano apruebe una ley de cuotas laborales para la discapacidad, corroborando el impulso en el empleo que se le ha dado a esta población a través del Decreto 2011 de 2017, que busca posicionar al Estado como el mayor empleador de las personas con discapacidad.
     

Fotografía,Carlos Parra Dussan

Autor:
Carlos Parra Dussan
Director General
Instituto Nacional para Ciegos - INCI

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