La discapacidad en el PND 2019-2022

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El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, se denomina “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, y tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, con un proyecto para que Colombia alcance los objetivos de desarrollo sostenible al 2030.

De acuerdo al artículo 3, el Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por objetivos de política pública denominados pactos, concepto que refleja la importancia del aporte de todos los sectores de la sociedad en la construcción de una Colombia equitativa.

El logro de estos objetivos requiere de algunas condiciones habilitantes que permitan acelerar el cambio social. Por lo tanto, el plan contempla diversos pactos que contienen estrategias transversales, quedando un pacto específico para la discapacidad.

Para analizar el articulado del Plan Nacional de Desarrollo desde la perspectiva de la discapacidad, es necesario estudiarlo desde diferentes enfoques tales como: vulnerabilidad, accesibilidad, ajustes razonables, enfoque diferencial, personas que enfrentan barreras, personas en condiciones especiales y el propio de discapacidad.

De esta manera,  encontramos en el artículo 3, el pacto número 13 que es el Pacto por la Inclusión de todas las Personas con Discapacidad.

Ya en el artículo 99 sobre transporte, se señala que el Gobierno Nacional podrá apoyar técnica o financieramente la implementación de sistemas de transporte público colectivo, masivo terrestres, marítimos o fluviales en cualquiera de las jurisdicciones del territorio nacional, siempre que se facilite el acceso a personas con discapacidad o movilidad reducida.

El Plan de Desarrollo en su artículo 100, sobre la cofinanciación de sistemas de transporte, modificó el artículo 2 de la Ley 310 de 1996 señalando que la nación y sus entidades descentralizadas podrán realizar inversiones dentro del marco fiscal de mediano plazo con un mínimo del 40% y hasta por un 70% en proyectos de sistemas de transporte público, colectivo o masivo, siempre que garanticen accesibilidad para población en condición de discapacidad o movilidad reducida.

  Por su parte el artículo 154 sobre la producción y contenido local en servicios de video bajo demanda que se prestan a través de Internet, deberán disponer para los usuarios en Colombia de una sección fácilmente accesible para el usuario en la que se incluyan obras audiovisuales de origen nacional.  Debiendo el Gobierno Nacional reglamentar esta norma dentro de los doce meses siguientes.

El artículo 184 modificó el artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, sobre el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura, determinando que todo proyecto sufragado por este Fondo deberá contemplar obligatoriamente los ajustes razonables para acceso a la población con discapacidad de que trata la Ley Estatutaria 1618 de 2013.

Ya el artículo 185 establece que el Gobierno Nacional avanzará en un proceso gradual para el acceso, permanencia y graduación en la educación superior pública de la población en condiciones de vulnerabilidad, incluida la discapacidad, que sea admitida en una institución de educación superior pública, de formación técnica profesional, tecnológica y universitaria. Para este fin, podrán establecerse apoyos para pago de matrícula a través del ICETEX y subsidios de sostenimiento con cargo a programas del Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y otras fuentes.

En el artículo 187 se señala que en cumplimiento de la Ley General de Educación 115 de 1994, la política educativa del Gobierno Nacional contenida en el actual Plan Nacional de Desarrollo, deberá armonizarse con los propósitos y lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, en el que se contempla la discapacidad.

El artículo 195 de la Ley 1955 de 2019 sobre inclusión laboral, establece que todos los mecanismos, instrumentos, acciones y servicios que promuevan la inclusión laboral deberán implementarse a través de la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo. La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, como articuladora de la Red, definirá los servicios básicos y especializados de gestión y colocación de empleo y fijará las reglas para la prestación de estos servicios, para contribuir al acceso al empleo formal de las personas que enfrentan barreras, especialmente la población más vulnerable.

En este sentido, agrega el parágrafo 2 del mismo artículo que las personas jurídicas y naturales, nacionales o internacionales, que por su experiencia, representatividad o reconocimiento en modelos de inclusión laboral puedan aportar conocimientos y herramientas para aumentar el acceso de las personas al mercado laboral, especialmente de población vulnerable, lo podrán hacer a través de asesoría técnica y alianzas con los prestadores del servicio público de empleo, previa autorización de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo.

El artículo 208 sobre medidas de restablecimiento de derechos y de declaratoria de vulneración, modificó el inciso sexto del artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018, estableciendo que cuando se trata de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en los cuales se hubiere superado la vulneración de derechos, transitoriamente se continuará con la prestación del servicio de la modalidad de protección cuando se requiera, más allá de los 18 meses hasta tanto la entidad correspondiente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la prestación del servicio de acuerdo con sus competencias legales.

El artículo 242 sobre solidaridad en el sistema de salud, señala que los afiliados al Régimen Subsidiado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. La población que sea clasificada como pobre o vulnerable según el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), recibirá subsidio pleno y por tanto no deberá contribuir.

El artículo 248  sobre la fase de rehabilitación, modificó el artículo 3 de la Ley 1471 de 2011, el cual quedó así:

Artículo 3°. Fase de rehabilitación. La Fase de Rehabilitación Inclusiva (FRI) del Sistema de Rehabilitación Integral (SRI) del Ministerio de Defensa Nacional, comprende elementos terapéuticos, educativos y de gestión que permiten alcanzar la autonomía de las personas con discapacidad y de otras poblaciones del sector defensa definidas en esta ley, para desarrollar un nuevo proyecto de vida, con miras a la inclusión al medio familiar, laboral y social.

Son beneficiarios de la Fase Inclusión: Miembros de la Fuerza Pública con Discapacidad, sean estos activos, retirados, pensionados, beneficiarios mayores de edad con discapacidad de los miembros de la Fuerza Pública, veteranos, veteranos de Corea, miembros de la Fuerza Pública activos o retirados que accedan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), miembros de la Fuerza Pública que se encuentren en transición a la vida civil o en proceso de retiro, lesionados bajo las circunstancias previstas en los literales a, b, c, d del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000 sin importar el porcentaje de pérdida de capacidad psicofísica otorgado por la junta médico laboral, víctimas militares y de policía conforme a lo definido en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, personal civil con discapacidad del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares, y personal no uniformado con discapacidad de la Policía Nacional vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, que se encuentren en servicio activo o retirado de la institución, soldados regulares que hayan adquirido una discapacidad durante la prestación de su servicio militar obligatorio y, en general, poblaciones del sector seguridad y defensa que requieran de esta fase.

Será requisito para acceder a los servicios provistos en la Fase de Inclusión, que los titulares de los derechos de esta Ley estén afiliados y con los servicios activos al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional o al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según sea el caso, siempre que no implique erogación presupuestal adicional.

Por su parte el artículo 263 sobre reducción de la provisionalidad en el empleo público, contempla que los servidores públicos en condiciones especiales, madres, padres cabeza de familia y en situación de discapacidad que vayan a ser desvinculados como consecuencia de aplicación de una lista de elegibles, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo posible sean reubicados en otros empleos vacantes o sean los últimos en ser retirados.

Por último el artículo 310 sobre la expansión de las telecomunicaciones, modificó el artículo 194 de la Ley 1753 de 2015, señalando entre otros aspectos que el MinTIC priorizará las iniciativas de acceso público a internet, en beneficio de la población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas. Al igual que señala que el MinTIC implementará iniciativas de estímulo a la oferta y a la demanda de servicios de telecomunicaciones en beneficio de la población pobre y vulnerable, incluyendo el fomento al despliegue de redes de acceso y expansión de cobertura, así como subsidios o subvenciones para la prestación de los servicios o el suministro de terminales, entre otros.

En conclusión, el actual Plan Nacional de Desarrollo, incorpora un número importante de artículos que hacen alusión a la discapacidad, pero lo más importante es el Pacto por la Inclusión de las Personas con Discapacidad que se incluyó.

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