Historia de la Ley Antidiscriminación

Personas con discapacidad visual en la socialización de una ley
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Edición Número 94

Recuerdo que desde el año 2005 estuvimos trabajando con la Defensoría del Pueblo en un proyecto de ley antidiscriminación, con distintos grupos tradicionalmente desaventajados como la discapacidad, pero nunca se presentó dicho proyecto, aunque sí se elaboró el primer borrador.

Años después Colombia aprobó la Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.

Lo desafortunado para el país, es que esta ley no incorporó la discriminación por razón de discapacidad, incurriendo en una verdadera discriminación contra estas personas, omisión que en su momento tuve que enmendar a través de una acción de inconstitucionalidad por omisión, que tuve que presentar, tal como lo estableció la Sentencia C-619 de 2011.

La Corte Constitucional a través del Auto D-10118, admitió la demanda de inconstitucionalidad por omisión, contra los artículos 3 y 4 de la Ley 1482 de 2011, por no contemplar la discriminación por razón de discapacidad.

En ese momento me permití interponer esa acción de inconstitucionalidad por omisión, en un ejercicio activo de ciudadanía, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad condicionada de la Ley 1482 de 2011, para que extendiera el alcance de los tipos penales de discriminación y el hostigamiento, cuando se produzcan por razón de discapacidad.

Como fundamento de la pretensión de inconstitucionalidad, sostuve que las normas impugnadas adolecían de una omisión legislativa, por cuanto únicamente penalizaban la discriminación en función de la raza, la nacionalidad, el sexo y la orientación sexual, pero no la discriminación por razón de discapacidad, desconociendo las disposiciones de rango constitucional que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, con el deber correlativo del Estado Social de Derecho de proteger tales derechos, constituyéndose la población con discapacidad en un grupo de especial protección constitucional.

El Magistrado sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez, resolvió admitir la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 de la Ley 1482 de 2011 dentro del expediente D-10118, correr traslado de la demanda al Procurador General de la Nación por el lapso de treinta días para que rinda concepto en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la Carta Política y fijar en lista la disposición acusada por el término de diez días, con el objeto de que sea impugnada
 
o defendida por cualquier ciudadano, incluidos desde luego, los ciudadanos con discapacidad.

Por último, el Auto invitó a participar dentro del proceso a distintas instancias del Sistema Nacional de Discapacidad, así como a diferentes instituciones académicas, para que se pronuncien sobre las pretensiones de la demanda de inconstitucionalidad.

Es claro que en Colombia antes de la Ley 1482 de 2011 no existía un mecanismo de protección de los derechos que sancionara la discriminación, pues a la misma Corte Constitucional le ha correspondido imponerle sanciones, Sentencia C-1090 de 2005, pero en la mayoría de los casos, se ordena el cese de la vulneración de los derechos fundamentales, sin que se repare la discriminación que ya ha sido consumada, como en este caso, que paradójicamente han sido discriminadas las personas con discapacidad al no ser incluidas en la Ley antidiscriminación.

En efecto el artículo 3º de la Ley 1482 de 2011, hacía un listado de grupos que eran víctimas de la discriminación, dejando por fuera la población con discapacidad que tiene una protección de rango constitucional en los artículos 13, 47, 54 y 68.

La Corte Constitucional encontró en la Sentencia C-671 de 2014 que yo mismo interpuse, que no existía omisión legislativa relativa frente al contenido de la Ley 1482 de 2011, por el hecho de no contemplar como víctimas de la discriminación penalizada a las personas con discapacidad.

Afortunadamente para nuestro criterio jurídico, el Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, salvó el voto al considerar que la penalización que efectuó el legislador de los actos de racismo o discriminación, así como el de hostigamiento, debió ampliarse a las conductas graves presentadas contra las personas con discapacidad, para salvaguardar su dignidad e igualdad.

Es decir, que el legislador al penalizar los actos de discriminación y de hostigamiento, estaba obligado a incluir otras categorías sospechosas como las presentadas respecto de las personas con discapacidad, tal como lo señala el artículo 13 constitucional.

En desarrollo del Auto 200 de 2014 de la Corte Constitucional, el 31 de julio del año 2014, se realizó la Audiencia Pública en la sala de la Corte Suprema de Justicia, para recoger insumos sobre la penalización de la discriminación por razón de discapacidad.

Lo más importante de la Audiencia Pública sobre discriminación, fue la postura institucional de la Fiscalía General de la Nación, que coadyuvó la demanda, pidiéndole a la Corte que ampliara el contenido de la Ley antidiscriminación para que también incluyera como delito los actos de discriminación y hostigamiento que se ejerzan sobre las personas con discapacidad.

Por todo este entramado jurisprudencial, el Congreso de la República volvió a radicar el Proyecto de Ley antidiscriminación, incluyendo la discapacidad como sujeto de discriminación, quedando en la nueva Ley antidiscriminación 1752 de 2015.

Es decir, que tuve que intervenir directamente, pues anteriormente no existía la discriminación por razones de discapacidad o contra esta población, por lo que interpuse una acción de inconstitucionalidad por omisión y la Corte así lo entendió y por esto el Congreso la corrigió aprobando una nueva Ley antidiscriminación que ahora es la Ley 1752 de 2015, que ahora sí incluye la discriminación contra las personas con discapacidad.

Dicho de otra manera, existen dos leyes antidiscriminación, la 1482 de 2011 y la 1742 de 2015, pero la única que sanciona la discriminación contra las personas con discapacidad es la última.

Afortunadamente el país ya cuenta con la Ley antidiscriminación que incluye la discriminación por razones de discapacidad, pues la primera Ley la 1482 de 2011, no la incluía, por esto interpuse la acción de inconstitucionalidad y el Congreso de la Republica tuvo que corregir esa norma a través de la Ley 752 de 2015 que sanciona la discriminación contra la discapacidad.

La lección que nos queda con la Ley antidiscriminación, es que la población con discapacidad tiene que estar atenta a los desarrollos legislativos y realizar un ejercicio activo de ciudadanía para ser incluidos en las nuevas leyes que se aprueben en el Congreso de la República.
 

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Carlos Parra

Carlos Parra Dussan 
Director General Del INCI
Instituto Nacional Para Ciegos

 

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